Imagen: Diario La Jornada.
En menos de una semana el norte de México ha sido testigo de dos actos lamentables en términos de seguridad. El pasado sábado 20 de agosto en medio de la sexta jornada del Torneo de Apertura de la Liga Mexicana de Futbol, en donde el Santos Laguna recibía en el Estadio Corona al Monarcas de Morelia, se inició una balacera en las afueras de las instalaciones deportivas. El evento, televisado en vivo, culminó con una oleada de confusión, pánico e impotencia ante un acto más de violencia, uno de aquellos que hoy en día son más constantes y que la sociedad mexicana no solamente atestigua, sino padece y ante los cuales se atemoriza a niveles inéditos.
La reacción del público ante tal siniestro fue prudente, aun en medio del desconcierto y la alarma, prueba de ello es el afortunado registro blanco de lo acontecido en aquel espacio de ocupación masiva.
Imagen: Diario El País.
Por otra parte, la ciudad de Monterrey, ciudad ya marcada por el estigma de diversos actos de la delincuencia organizada, vive durante la tarde del jueves 25 de agosto uno de los peores atentados. Un incendio provocado por el derrame de gasolina y la detonación de granadas en un Casino de la capital neoleonesa ha dejado -hasta el cierre de esta entrada- cerca de 53 muertes y una creciente lista de heridos gravemente. En este caso, el edificio que albergaba al establecimiento de apuestas -según anuncian los medios- no contaba con las debidas medidas de seguridad en caso de contingencia, la falta de salidas de emergencia agudizó la tragedia.
Es momento no solo de exigir seguridad, aquella que desde el inicio de la guerra antinarco se ha venido ausentando incesantemente, sino de que los actos de negligencia cometidos por quienes administran nuestras ciudades, así como la seguridad de sus inmuebles, sean castigados. Es momento pues, de que nuestros gobiernos dejen de lamentarse y actúen con pertinencia, que realmente actúen.
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